miércoles, 31 de enero de 2018

La necesaria derogación del factor de sostenibilidad del cálculo de la cuantía de las pensiones.



La reforma de las pensiones que se aprobó en 2013 introdujo dos cambios muy importantes en el sistema.

En primer lugar las prestaciones ya no se actualizan como antes conforme a la inflación sino con un nueve índice de revalorización que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema así como el incremento del número del pensionista y de la prestación media.
Ello  se traduce que si hay déficit en el sistema (diferencia en los ingresos por cotizaciones y gastos por el pago de las pensiones) se limita la subida hasta alcanzar el equilibrio.
La citada reforma estableció unos topes de incremento de la revalorización de la cuantía de las pensiones.
Si hay déficit y sea cual sea el incremento anual del IPC el aumento de las pensiones no podrá superar el 0,25%. Si el IPC es superior los pensionistas perderán poder adquisitivo
El 2018 es el quinto año consecutivo en el que se aplica este incremento suelo del 0,25% a la cuantía de las pensiones provocando a nueva pérdida de poder adquisitivo en los pensionistas.
En caso que no haya déficit del sistema el incremento de las pensiones podrá superar el IPC pero no más del 0,5%.


                                       Cinco Dias 29 de diciembre de 2017



El segundo cambio de la reforma del 2013 ha sido la introducción del factor de sostenibilidad para calcular la pensión de los nuevos jubilados.
Es decir para las personas que se jubilen el próximo año el importe de la pensión mensual a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida.
Si sube la esperanza de Vida las prestaciones mensuales serán más bajas.
El nuevo pensionista previsiblemente vivirá más anos cobrando durante más tiempo su pensión y por ello la cuantía mensual de la misma se debe de rebajar.
Es el argumento que utilizó el gobierno para justificar la aplicación de este factor al futuro pensionista. 

El pasado día 25 de diciembre Unidos Podemo-En Comú Podem-En Marea registraron en el congreso una proposición de ley en la que piden que se elimine este factor de sostenibilidad para determinar la cuantía inicial de las pensiones de las personas que se jubilen a partir del 2019.
Aplicarlo supondrá una nueva rebaja de la cuantía de las prestaciones de los futuros pensionistas que puede llegar hasta el 20%.




viernes, 19 de enero de 2018

SANT CUGAT TERCER MUNICIPIO ESPAÑOL CON LOS PRECIOS DE ALQUILER MÁS ALTO DE ESPAÑA.


Al Sindicat de Llogaters de Sant Cugat nos llegan de inquilin@s unas denuncias sobre la pretensión de la propiedad de renovar su contrato de alquiler con un incremento del 30 % o más del importe que pagaban hasta ahora como renta.

Al hacerlo nos preguntan:
¿Como es posible que les quieran imponer este brutal e injustificado aumento?
¿Porque lo hacen si siempre han cumplido con el pago de su renta mensual?

La ley no ofrece ningún recurso al inquilino para oponerse al aumento pretendido por el arrendador.
La libertad de fijar la renta  por parte de la propiedad no tiene ninguna limitación legal.


Es puro eufemismo el que la Ley de Arrendamientos Urbanos diga que la renta será la que se pacte entre el arrendador y arrendatari@. En la práctica la propiedad la impone.

Rige la ley del mercado que juega a favor de los poderosos.
Poco importa que el derecho a la vivienda sea recogido en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 25 apartado uno y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales .
Tampoco es tenido en cuenta que el artículo 47 de la constitución española establezca el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.
Los gobiernos sucesivos del PP y del PSOE han legislado a favor de la propiedad y de forma contraria a que se pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda para todas las personas.


Según el último informe publicado por Fotocasa (1) el precio de la vivienda en alquiler ha experimentado un aumento del 8,9% en España durante el año 2017.
Cataluña es la comunidad autónoma en el que se ha registrado el mayor crecimiento con un 10,3% y Barcelona la única provincia en la que se ha superado con creces su antiguo valor máximo que se dio en el mes de mayo de 2007.

En cuanto a los incrementos que se que se registran en términos de variación anual en los municipio hay que destacar el de Rubí que tiene una variación del 19,7% situándose en el sexto lugar de los municipios con mayor variación anual de precio durante el pasado año.

Entre los 30 municipios españoles con los precios más alto de alquiler se encuentra 13 municipios de Cataluña.
El precio que hay pagar por el alquiler de un vivienda por m2 al mes es el siguiente:
Barcelona: 15,58€
Gavà:15,01€
Sant Cugat:14,10€
Castelldefels:13,93€
Sitges:13,77€
Madrid:13,22€
l'Hospitalet: 12,49€
Esplugues: 12,27€

Remarcar que el precio del alquiler en Barcelona y Sant Cugat superan respectivamente en un 91,16% y en 73% el de la media de España que es de 8,15€/m2 al mes.

Con los anteriores datos no es de extrañar que según el informe del Consejo General del Poder Judicial en el tercer trimestre de 2017 los desahucios por impago de alquiler en España hayan aumentado un 4% y que en Cataluña sea donde se registraron más hasta llegar a la cifra de 1674.

No hay ningún motivo (2) que pueda justificar que en Sant Cugat la propiedad exija al inquilino para formalizar un nuevo contrato que su renta se incremente en un 30%.
La única razón es el afán lucrativo infinito de los propietarios inmobiliarios.
Las 7.421 familias (3) que viven en régimen de alquiler en Sant Cugat,  cuando se les acabe la vigencia de su contrato de arrendamiento, puede que se vean ante la disyuntiva de pagar si pueden hacerlo una renta abusiva o de encontrar un nuevo lugar para vivir.

¿Los gobiernos de las diferentes administraciones públicas tomaran medidas para hacer efectivo el derecho de la gente a una vivienda digna?

¿El gobierno municipal con su alcaldesa al frente intervendrá para pedir mesura y responsabilidad social a las empresas inmobiliarias que gestionan viviendas en Sant Cugat?

Es hora que se preocupe y ocupe del bienestar de sus vecin@s que viven en régimen de alquiler.



2) El arrendador  no puede alegar el incremento de costes que recaigan sobre la propiedad pues en los contratos de alquiler es muy frecuente que se pacte que  sea el arrendatario quien debe de asumir el pago de impuestos y gastos de comunidad.
El mercado del alquiler esta bajo el control del sector privado en un régimen de oligopolio.


Foto wilkipedia

domingo, 7 de enero de 2018

LOS RETOS DE PODEMOS PARA EL 2018.


No ha ido muy bien el año 2017 para Podemos.
Los resultados de las encuestas sobre intención de votos publicados a lo largo del año que ha finalizado y a principio de este 2018 muestran que nuestro partido es el que más se ha resentido en intención de voto.
Las últimas encuestas reflejan que ante una posible convocatoria electoral Podemos obtendría un apoyo de los electores que le situaría en la cuarta posición, detrás del PP, PSOE y C's.
Queda lejos la segunda posición que le otorgaban las encuestas de finales de 2016.
En las elecciones catalanas celebradas el pasado 21 de diciembre la candidatura d'En Comú Podem perdió algo más de 42.000 votos respecto a las elecciones de 2015.
En las encuestas del CIS de noviembre la estimación de votos de Podemos era del 21,8 % en el 2016 y 18,5% en el 2017.
Para algunos analistas lo más preocupante es que esta caída de apoyo electoral se concentra entre los electores de centro izquierda con "lo que se demostraría que el partido ha perdido la capacidad de ser transversal incluso dentro de la izquierda refugiándose en los votantes con ido lejía más extrema"(1).
Uno de los últimos sondeos publicados es el del diario El País que atribuye a Podemos una intención de voto del 14,7% frente a los 26,1% qué obtendría el PP, el 22,7% el PSOE y el 22,7% C's.




Ahora con este 2018 que se inicia es importante que sepamos aprender de todos estos datos y nos pongamos a trabajar para hacer posible el objetivo de ganar las elecciones generales de 2020, gobernar España para construir derechos.
Para ello tenemos que empezar ganando el reto de de las elecciones municipales del 2019 pues marcará el devenir de nuestra organización en los próximos cinco años.
Es un reto importantísimo y del cual nos debemos de ocupar sin demora.
La preparacion de esta contienda electoral que determina la elección de los gobiernos municipales ha de permitir una movilización de la organización que la haga fuerte en su estructura básica territorial que son los círculos municipales.
Para ganar será necesario que la gente se organice de forma activa y con capacidad para movilizarse y de llevar la iniciativa de los debates del cambio de lo que queremos introducir en la gestión municipal.
Nos ayudará a construir este relato la gestión realizada por los companer@s que gobiernan en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.
El "si se puede " se ha hecho realidad por estos ayuntamientos del cambio.
Plantando cara a los poderosos en defensa de los derechos de las personas han sancionando a los bancos que tenían pisos vacíos y obligado a las empresas suministradoras de la agua gas o electricidad a que se coordinen con los servicios sociales municipales sociales antes de llevar a cabo un corte de suministro.
En su acción de gobierno han priorizado el gasto social, la atención a los barrios populares, la inversión en la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler.
Han revertido la privatización de servicios públicos, saneado las cuentas municipales e incluso han buscando nuevas fórmulas de financiación fuera de la banca tradicional.




La alcaldesa de Barcelona  Ada Colau con su equipo de gobierno, a pesar de no contar con el apoyo estable de una mayoría de los concejales, ha demostrado que son capaces de gobernar con y para la gente para llevar una gestión diferente capaz de garantizar el desarrollo de políticas públicas de integración y cohesión social y al mismo tiempo de racionalización del gastos presupuestario.