viernes, 6 de abril de 2018

LA POLÍTICA DE ESCAPARATE DEL GOBIERNO DE LA EMD DE VALLDOREIX.




El pasado mes de marzo con la vuelta de las lluvias de nuevo se han producido acumulaciones de agua en muchas de las calles de Valldoreix.
Ello está causado por la inexistencia o la insuficiencia de los sistemas de desagüe de las vías públicas de la entidad menor.
La consecuencia es que se dificulta o incluso se hace peligroso los desplazamientos que realizan las personas a pie o en vehículos.
Una de las calles en las que se acumula el agua de la lluvia es la cercana a la estación de de ferrocarriles de Valldoreix.





Una vía por la que diariamente transitan miles de personas.
Los que aparcamos el coche en el parking para luego coger el tren tenemos que intentar sortear un inmenso charco por lo que muy probablemente vamos acabar con los pies copiosamente mojados y corremos el riesgo de caernos.
La presencia de esta balsa de agua en la calzada hace muy difícil y peligroso la conducción de vehículos de dos ruedas.
Cuesta entender que el gobierno de la EMD o el de la administración a la que le correspondiera resolver esta deficiencia no hayan hecho nada para evitar esta acumulación de aguas de lluvia en este espacio tan transitado por la ciudadanía.
A esta carencia o insuficiencia de alcantarillado debe de añadirse que en general las vías de la EMD presentan un firme deteriorado con frecuentes baches.
¿Cómo se justifica haber invertido en hacer obras nuevas cuando se han dejado de hacer obras que son necesarias para asegurar un buen mantenimiento de las vías públicas y con ello garantizar su calidad y seguridad para la circulación de vehículos y peatones?
La razón es que una obra nueva es más vistosa que la que se realiza para un mantenimiento y si se acompaña de un proceso de publicidad se podrá capitalizar políticamente a efectos de una reelección.
Esto se llama hacer política de escaparate.




miércoles, 28 de marzo de 2018

LA EMIGRACIÓN DE LA JUVENTUD TIENE UN ALTO COSTE PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO DE NUESTRO PAÍS.



El pasado mes de septiembre 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló que España lideraba el ranking en cuanto al mayor porcentaje de jóvenes desempleados.

En países como Alemania, Islandia o Japón la tasa de paro entre jóvenes no llega al 7% mientras que en España se sitúa en el 38,6%.
Dicho porcentaje triplica la media de los países más desarrollados que es del 11,9%.
Ante la falta de empleo, de oportunidad de trabajo la juventud española se ha visto forzada en buscar en otros países un empleo.
La encuesta de promoción activa realizado por la comisión europea refleja esta emigración al recoger entre sus datos que desde el año 2000 el número de jóvenes de 20 a 30 años ha disminuido en un 25% o más en Italia, Grecia, España y Portugal.



ALTERNATIVAS ECONÓMICAS Nº56

Una circunstancia que también se ha dado aquí en San Cugat pues muchos han sido los jóvenes de la ciudad que han tenido que marcharse de la ciudad para emigrar a otro país para encontrar un trabajo.
Los datos que han sido publicados en la revista Tot Sant Cugat del pasado 16 de marzo de 2018 son muy elocuentes al respecto.
En el 2017 eran 2361 santcugatencs que vivían en el extranjero cuando en el 2009 eran menos de 1000.
Una cifra que representa el 2,6% de la población del municipio.
El resultado de esta migración de vecinos y vecinas de nuestra ciudad es que la población entre 25 y 39 año ha pasado de 18.000 personas del año 2009 a 16.400 en el año 2017 es decir una reducción del 9%.






TOT SANT CUGAT 18//03/2018


El Consejo de juventud de España en el año 2015, en su informe "Juventud Necesaria" hacen unas estimaciones a medio-largo plazo acerca de la pérdida económica vinculada a la emigración juvenil. (1)
En dicho informe se advertía de que si la emigración juvenil se mantenía en las actuales cifras de desempleo durante los próximos 10 años ello supondría para el estado un coste de 57.000 millones.
Dicha cantidad es el resultado de estimar que España podía perder el equivalente al 3,4% del PIB en inversión de educación no aprovechada de todos aquellos que abandonen el país, y que se dejaría de recaudar impuesto por la falta de sus jóvenes por un valor equivalente al 2,2 %.
Dichos porcentajes son calculados en relación al PiB de 2013.
Otra consecuencia que apuntaba el citado estudio es su impacto sobre la natalidad.
La alta tasa de paro que sufre la juventud retrasa su emancipación y va a disminuir la tasa de natalidad de nuestro país que es ya una de las más bajas de la unión europea con 1,31 hijos por mujer.
Todo ello, señalan los autores del trabajo, repercutirá negativamente en la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El gobierno del Partido Popular nos dice que nuestra economía va creciendo y que prevé que para este año 2018 que el PIB crezca un 2,7%.
Esta mejora económica, fruto de una política neoliberal, es insuficiente para cerrar las múltiples heridas que ha dejado la crisis económica.
La emigración a otros países ha sido una de las consecuencias más graves de la crisis económica.
España como otros países del sur de Europa ha vuelto a ser un país de emigración.
La juventud española tiene muchas dificultades para encontrar un empleo con un salario digno y más aún un puesto de trabajo que le permita tener un proyecto de vida profesional y personal y por ello muchos de nuestros jóvenes, particularmente los más preparados, han escogido buscar en otros países una oportunidad laboral.
La pérdida de esta juventud cualificada tiene un alto coste en el presente y el futuro del desarrollo de nuestro país.

(1)

martes, 13 de marzo de 2018

LA ALIANZA DEL PODER POLÍTICO CON EL PODER ECONÓMICO HA PROVOCADO EL ESCANDALOSO INCREMENTO DEL PRECIO DEL ALQUILER.



Los precios de los alquileres están subiendo de forma desorbitada y por ello se está hablando de la burbuja de los alquileres.
Las causas hay que encontrarlas en la alianza entre el poder político y económico.

Los gobiernos del PSOE y luego del PP llevaron a cabo una serie de reformas legislativas que favorecieron los intereses de la banca y de los fondos de inversiones en la rentabilización de sus propiedades en el sector inmobiliario.
La reforma de la ley de arrendamientos urbanos del 2013 que entro en vigor el 5 de junio de 2013 reducía la duración de los alquileres de 5 a 3 años y también la prórroga que pasaba de tres a un año.
Pasado este periodo la propiedad puede imponer al inquilino la formalización de un nuevo contrato con unas nuevas condiciones.
Son muchos los contratos de arrendamiento de vivienda que vencen ahora y miles de personas que viven en régimen de alquiler se encuentran en la situación de hacer frente a una fuerte subida de la renta mensual de su vivienda.
La banca y los fondos de inversiones son los que dominan el mercado de la vivienda del alquiler y están impulsando una fuerte subida de los precios de los arrendamientos.
Lo hacen para rentabilizar sus inversiones en el sector inmobiliario dando salida al stock de viviendas que no consiguen vender pues una parte importante de sus posibles compradores está entre la población joven que no consigue emanciparse con sus empleos precarios y bajos salarios.
Son las llamadas SOCIMIS (1), unas sociedades anónimas que cotizan en bolsa y cuyo objetivo principal es acumular activos inmobiliarios mediante adquisición o promoción para ser luego destinado al arrendamiento.
Unas sociedades que están exentas de pagar el impuesto sobre sociedades y que cuentan con bonificaciones del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el de actos jurídicos documentados.
Los pequeños propietarios que alquilan sus inmuebles se suman a esta tendencia alcista de las rentas de los arrendamientos.
En Barcelona, Madrid pero también en todas las ciudades de su entorno el precio del alquiler ha alcanzado a finales de 2017 máximos históricos (2).

La alianza del poder político con el poder económico ha dado lugar a la burbuja del alquiler.
Tenemos una legislación protectora de la propiedad y que deja al albur del mercado la evolución del precio del alquiler es decir a la voluntad de la banca y fondos de inversiones.
Tenemos un parque público de viviendas en régimen de alquiler que es insuficiente para competir y presionar los precios a la baja.
Y ahora el gobierno del M. Rajoy aprueba un plan de vivienda (3) que en mi opinión va a favorecer a que siga el incremento de los precios de los alquileres.
Las ayudas al alquiler que prevé el Plan de hasta 900 € finalmente irán a parar al bolsillo del arrendador.


(1)


(2)





sábado, 3 de marzo de 2018

UNA LEY HIPOTECARIA QUE ATIENDA A LOS INTERESES DE LA GENTE Y NO DEL CAPITAL.



La ley hipotecaria como derecho objetivo representa un conjunto de normas que regula la adquisición transmisión modificación y extinción de los derechos de los bienes inmuebles.
Esta ley como todas las normas en su redactado incorpora unos valores y disciplina la conducta de las personas protegiendo aquellos intereses que se estiman valiosos por el legislador.
Una ley que junto a las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento civil se debe de reformar para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda.
En el año 2008 en España con el inicio de la crisis económica las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 126,2% y en un 59% en el año siguiente.
En los años de la burbuja inmobiliaria las entidades financieras concedieron préstamos que se sustentaba solo en el valor de la garantía del inmueble que se hipotecaba el cual se fijaba con unas tasaciones hechas sin rigor y que se ajustaban a las necesidades comerciales del banco.
Las entidades crediticias no tenían en cuenta para nada la solvencia ni la capacidad económica del prestatario más allá de la garantía que pudiera aportar con el inmueble y sus previsibles revalorizaciones.
Los contratos hipotecarios que firmaron las personas que querían adquirir una vivienda fueron unos contratos de adhesión que sin negociación los bancos redactaron de forma unilateral en el que los clientes solo pudieron poner más que sus datos personales la cuantía de su préstamo y el valor de la casa que hipotecaba.
La banca lleno los contratos de clausulas abusivas en perjuicio de los hipotecantes y con la finalidad de garantizar e incrementar sus ganancias.
Según el INE, el 20,2 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014 correspondieron a créditos constituidos en 2007, el 17,3% a hipotecas firmadas en 2006 y el 12,1% a préstamos de 2005.
Así pues, el periodo 2005 y 2008, años que se pueden identificar como la fase más alcista de la burbuja, concentró el 61,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014.
En el 2012 según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial en España  fueron desahuciadas 46.408 viviendas y se resolvieron 91.622 ejecuciones hipotecarias.
Este mismo año el presidente de Ecuador Rafael Correa denunció que la ley hipotecaria española vulneraba los derechos humanos. Lo hacía preocupado ante el hecho de que  unos 15.000 ecuatorianos residentes en España habían sido desalojados de sus viviendas.
En su crítica a la normativa hipotecaria española señalaba, en mi opinión con gran acierto, que la misma reflejaba la supremacía del capital sobre los seres humanos.

El pasado 15 de febrero el pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos al proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario que  ha sido elaborado el gobierno del PP.
El ministro Luis De Guindos al presentar la norma dijo que daría “más competencia y dinamismo al sistema hipotecario español”.
Votaron en contra de la enmienda a la totalidad el PP, C's,  el PNV, el PDeCAT,  Coalición Canaria y Foro Asturias el PSOE se abstuvo y recibió el apoyo de ERC, Compromís y HB- Bildu.
El resultado de la votación fue de 180 votos en contra 79 a favor y 82 abstenciones.

El texto que proponía Unidos-Podemos-En Comu Podem- En Marea pretendía que la nueva ley equilibrara las relaciones entre el consumidor y la banca y con esta finalidad se incluyera en su redactado:
·      
           Que la concesión de un crédito se acompañe siempre de un estudio de su viabilidad.

·        La limitación de la responsabilidad del deudor al bien hipotecado.
·         La dación de la vivienda habitual en pago de la deuda garantizada, y si hubiese sido subastada que se entenderá saldada la totalidad de la deuda.
·         Una regulación de la tasación del bien a efectos de la dación en pago.
·         El derecho del prestatario a reembolsar, con carácter general, todo o parte del préstamo sin tener que soportar comisiones o compensaciones para el prestamista
·         El cómo debe acometerse la ejecución y resolución de los contratos hipotecarios.
·         La prohibición de realizar desalojos forzosos sin ofrecer a cambio una "alternativa habitacional" a los afectados.
·         Que las entidades financieras que hayan cedido total o parcialmente un préstamo con garantía hipotecaria a un fondo de titulización informen al consumidor por escrito.
·         Las diferentes sanciones e infracciones que se pueden imponer a la banca por las malas prácticas y clausulas abusivas.
·         La publicación de las sanciones impuestas y haya un registro central, de acceso público y gestionado y desarrollado por el Banco de España, al que las CCAA y el resto de órganos sancionadores remitirán con carácter trimestral el listado de sanciones firmes que hayan ido recayendo.

·         


Ahora los diputados y senadores de Unidos-Podemos deberán trabajar en la tramitación de la ley para conseguir una norma que proteja a los consumidores y no a la banca.




viernes, 2 de febrero de 2018

EL NEOLIBERALISME UNEIX EL PDeCat, PP i C's.


Avui una notícia en recorda aquesta aliança CiU, PP i Ciutadans que són tots els defensors de les polítiques neoliberals i per aconseguir aquest propòsit es posen d'acord per aplicar polítiques repressives per a castigar els treballadors i treballadores.
Es diuen patriotes per tal de proclamar que volen el que és millor pel seu país.
En realitat la seva ideologia apegada al capitalisme més salvatge condemna moltes famílies a viure en la precarietat.
Des del poder polític treballen pels rics per incrementar la seva posició de domini social.






El Supremo avala seis años después la web de delación ciudadana de los Mossos d'Esquadra

CiU, PP y Ciutadans votaron a favor de utilizarla "cuando sea necesario".

miércoles, 31 de enero de 2018

La necesaria derogación del factor de sostenibilidad del cálculo de la cuantía de las pensiones.



La reforma de las pensiones que se aprobó en 2013 introdujo dos cambios muy importantes en el sistema.

En primer lugar las prestaciones ya no se actualizan como antes conforme a la inflación sino con un nueve índice de revalorización que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema así como el incremento del número del pensionista y de la prestación media.
Ello  se traduce que si hay déficit en el sistema (diferencia en los ingresos por cotizaciones y gastos por el pago de las pensiones) se limita la subida hasta alcanzar el equilibrio.
La citada reforma estableció unos topes de incremento de la revalorización de la cuantía de las pensiones.
Si hay déficit y sea cual sea el incremento anual del IPC el aumento de las pensiones no podrá superar el 0,25%. Si el IPC es superior los pensionistas perderán poder adquisitivo
El 2018 es el quinto año consecutivo en el que se aplica este incremento suelo del 0,25% a la cuantía de las pensiones provocando a nueva pérdida de poder adquisitivo en los pensionistas.
En caso que no haya déficit del sistema el incremento de las pensiones podrá superar el IPC pero no más del 0,5%.


                                       Cinco Dias 29 de diciembre de 2017



El segundo cambio de la reforma del 2013 ha sido la introducción del factor de sostenibilidad para calcular la pensión de los nuevos jubilados.
Es decir para las personas que se jubilen el próximo año el importe de la pensión mensual a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida.
Si sube la esperanza de Vida las prestaciones mensuales serán más bajas.
El nuevo pensionista previsiblemente vivirá más anos cobrando durante más tiempo su pensión y por ello la cuantía mensual de la misma se debe de rebajar.
Es el argumento que utilizó el gobierno para justificar la aplicación de este factor al futuro pensionista. 

El pasado día 25 de diciembre Unidos Podemo-En Comú Podem-En Marea registraron en el congreso una proposición de ley en la que piden que se elimine este factor de sostenibilidad para determinar la cuantía inicial de las pensiones de las personas que se jubilen a partir del 2019.
Aplicarlo supondrá una nueva rebaja de la cuantía de las prestaciones de los futuros pensionistas que puede llegar hasta el 20%.