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viernes, 15 de octubre de 2021

Lliure mercat, captiu ciutadà vs. Lliure ciutadà, captiu mercat.

 

https://blogs.publico.es/vinetas/2021/10/15/libre-mercado-cautivo-ciudadano/


Les fallades del mercat són cada vegada més intolerables.

La població está cansada i farta de la cobdícia de les empreses elèctriques, dels bancs, de les farmacèutiques i de les immobiliàries que imposen les seves regles de joc.

Crec que hi ha un cert acord social majoritari en la societat a apostar per un capitalisme més inclusiu en el qual es dóna per acabat el període de capitalisme basat en la maximització del benefici encara a costa del benestar de les persones o de la deterioració del medi ambient.

Sembla que existeix en la població una opinió majoritària que exigeix amb força un capitalisme més just, equitatiu, respectuós amb el planeta.

Es planteja  un nou sistema econòmic més inclusiu.

És, potser bon moment per a avançar cap a una economia inclusiva amb la participació de les persones en la vida econòmica, amb una major equitat per a totes les persones a l'hora d'evolucionar econòmicament i socialment.

Fem possible un canvi de paradigma.

 

Lliure ciutadà, captiu mercat.

 

lunes, 7 de septiembre de 2020

LA "AGENDA 2030" (1): UNA OPORTUNIDAD PARA UNA REINDUSTRALIZACIÓN DEL PAÍS.

 

El sistema capitalista no funciona.

Su lógica de funcionamiento no es viable y resulta del todo desmentido su mantra que el progreso de una sociedad requiere un estado que no intervenga o lo menos posible en la organización económica y en general en el funcionamiento de la sociedad.

La doctrina neoliberal apela al capitalismo en estado puro rechazando cualquier injerencia del estado con la expresión“laissez faire, laissez passer”.

La lucha contra la pandemia de Covid-19 y sus nefastas consecuencias en la economía con una caída del PIB, el segundo trimestre del presente año, en la zona euro del 12,1 % un 18,5% para España.

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que la iniciativa privada no es capaz de cuidar de los enfermos ni de liderar la recuperación económica. Ello se debe a que atiende de forma prioritaria a una lógica del beneficio económico.

Viçen Navarro (1) nos aporta al respecto unos datos relevantes que demuestran que la intervención activa de un gobierno en la lucha contra la pandemia ha generado una mayor creación de empleos a la vez que protegido mejor a su población.

 

El gobierno central, con la colaboración de los de las CCAA y ayuntamientos que así lo acuerden, debe de intervenir en la economía canalizando las ayudas y si es preciso nacionalizar empresas para evitar el cierre de las mismas.

Esta entrada del dinero público en el sector privado debe ser selectiva para avanzar en la reducción en nuestra economía del peso del turismo (2) y de la construcción.

Usar bien el dinero público con visión estratégica es esencial.

Para ello nos debemos de dotar de un plan de reindustrialización del país.

No es cierto que la mejor política industrial es la que no existe (3).

China con sus sucesivos planes de desarrollo económico ha conseguido dejar de lado su ventaja del bajo costo de su mano de obra no limitándose a fabricar los productos simples más baratos.

Hoy la industria China es líder en las áreas más sofisticadas.

 

El plan industrial  para España debería determinar unas capacidades mínimas de producción propia en los sectores que consideremos estratégico para nuestra economía y evitar quedar nuevamente a la merced de una globalización que en su vertiente negativa ha conllevado una desindustrialización del país.

En un informe de la Comisión Europea de 25 de septiembre de 2013, respecto a la competitividad se afirmaba:

Sin industria no hay crecimiento ni puestos de trabajo. 

La Unión Europea en su “Estrategia Europa 2020” señaló la importancia que reviste una industria manufacturera prospera y estableció́ las bases de una “nueva política industrial integrada que estimule la recuperación económica y el crecimiento del empleo, garantizando una sólida base industrial en la UE de categoría mundial”. 

La UE marcó como objetivo conseguir el 20% como peso de la industria manufacturera.

Hoy este sector en España solo es del 11,5%.

España tiene una “Agenda 2030” (4) a la cual debe de dar impulso y hacer seguimiento el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias.

Una tarea muy importante para conseguir una reindustrialización  que sea compatible con un desarrollo sostenible y la reducción drástica de la desigualdad social existente.

 

(1)

http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2020/08/Una-falsa-dicotom%C3%ADa.-Salvar-la-salud-de-la-poblaci%C3%B3n-o-facilitar-la-recuperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-P0132-vDEF-18.08.20.pdf

“Ninguno de los países que han enfatizado la recuperación económica sin primero intentar controlar la pandemia ha tenido éxito en sus intentos por recuperar su economía. Y el ejemplo más claro de ello es lo que ha ocurrido en EEUU, que siempre ha sido el modelo y el referente del pensamiento neoliberal, cuya expresión más extrema es el trumpismo. Analizando la experiencia de sus estados podemos ver que la creación de empleo y el crecimiento económico han sido menores en aquellos Estados (como Arizona, Georgia, Florida o Texas) 4 donde no se dio prioridad o importancia a las medidas de control de la pandemia (tales como la utilización masiva de mascarillas, el respeto por mantener la distancia social o la ralentización del desconfinamiento para hacerlo lenta y pausadamente) que en aquellos Estados (como Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Massachusetts o Washington D.C.) donde dieron máxima prioridad a controlar la pandemia, permitiendo la aplicación de las medidas que facilitaron la recuperación económica solo cuando la pandemia estaba controlada. En el lado trumpista, las medidas de control de la pandemia.”

(2)

El peso económico del sector servicio y muy particularmente del turismo que supone cerca del 12% del PIB y 17% del empleo. 

Este sector es  uno de los más afectados por el COVID-19.

(3)

Carlos Solchaga lo afirmaba cuando era ministro de industria.

(4)

https://www.agenda2030.gob.es

 

 

viernes, 21 de agosto de 2020

LAS CLAVES DE LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE ESPAÑA


La crisis del 2008 fue una crisis financiera y el gobierno español intervino para salvar a los bancos e hicieron pagarlo a la gente.

La crisis derivada de la pandemia afecta la economía real las empresas, los autónomos, los trabajadores y trabajadoras, la población en general.

El gobierno del PSOE con PODEMOS pretende que no sea la gente que la pague adoptando medidas como el incremento de salario minino, los ERTEs y la creación de una prestación de ingreso mínimo vital.  

Antes de señalar cuáles son a mi juicio las claves de la reconstrucción social y económica de nuestro país es necesario recordar que son cuatro los motores de la economía.

El consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas.

Cada motor cumple una función y deben de complementarse

Con la lección aprendida de estos meses de crisis sanitaria es preciso tener presente que “RECUPERAR” no significa volver a la política social y económica que se aplico antes del estallido de la pandemia.

 

UNOS SERVICIOS PÚBLICOS BIEN FINANCIADOS.

Unas de lecciones que hemos aprendido es que el riesgo de pandemias existe y que responder a su desafío requiere un sistema sanitario, social y educativo con una financiación suficiente para ser fuerte y así atender con calidad a las personas que lo necesiten.

De estos servicios depende el bienestar de las clases populares que son la mayoría de la población.

Me preocupa, que en las filas socialistas haya personas que piden una alianza con las derechas partidarias de las políticas neoliberales que han aplicado el austerísimo dañando gravemente a los servicios públicos de salud, servicios sociales y escolar.

Tenemos unos servicios públicos infra financiados. 

Los datos correspondientes al 2018 “nos dicen es que nos gastamos casi 50.000 millones de euros menos de lo que deberíamos gastarnos para alcanzar el porcentaje medio de gasto público social de la UE-15 (80.500 millones menos para alcanzar el nivel de Suecia).”

https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2020/06/22/elementos-esenciales-pero-olvidados-de-la-reconstruccion-social-y-economica/

Así pues debe ser una prioridad la mejora de la financiación de los servicios públicos.

Lo es, para evitar un nuevo confinamiento que obligue de nuevo a para la actividad económica y ayudar a la recuperación económica con un aumento del gasto público que compense de forma inmediata la caída del consumo y  a su vez impulse el gasto privado.

LOS SALARIOS, EL REPARTO DE LA RIQUEZA Y  EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS.

Nuestro país, tiene unos salarios bajos según el informe “VII Monitor Adecco sobre Salarios” publicado en noviembre de 2019 el salario medio ordinario bruto en los 28 países de la Unión Europea es de 2.091 euros mensuales, por lo que la remuneración española, de 1.658 euros por mes, resulta un 20,7% más baja. Dicho documento destaca que la brecha entre ambas remuneraciones ha crecido en el último año 2,7 puntos porcentuales, mientras que el año anterior se amplió otros 2,6 puntos. En términos absolutos la diferencia ha pasado de 361 a 433 euros mensuales.

En el informe 2020 de la OIT de Perspectivas sociales y del empleo en el mundo hay un estudio de la pérdida de participación de las rentas del trabajo sobre la riqueza. En dicho trabajo se incluye los salarios de los empleados y las rentas que obtienen los autónomos.

El resultado es que la proporción de la renta del trabajo –en contraposición a la proporción de la renta nacional que va a parar a los poseedores del capital– disminuyó a nivel mundial del 54% en 2004 al 51% en 2017.

Joaquín Nieto, director de la Organización Internacional del Trabajo para España afirmo que para nuestro país la caída ha sido del 5% lo que equivale a una disminución en Euros para las rentas de los trabajadores de "64.500 millones de euros al año. Eso representa una pérdida también enorme desde el punto de vista de cada uno de los trabajadores de 3.200 euros al año por trabajador.

El informe de Global Wealth Databook del Credit Suisse nos dice que el 10 por ciento de la población más rica de España detentaba en 2019 el 55 por ciento de la riqueza, proporción superior al 52,9 de la media no ponderada de Bélgica, Francia, Italia y Portugal.  Lo mismo ocurre con la riqueza del 1 por ciento más rico, cuya participación en la riqueza es del 23,8 por ciento superior al 20,3 por ciento de la media de los países antes citados.

En estos últimos años, ha sido tan grande el aumento de las desigualdades de renta y de propiedad, en la mayoría de países del mundo capitalista, que incluso lo han denunciado las instituciones internacionales y medios de comunicación de ideología conservadora.

Lamentablemente, una buena parte de las empresas española para mejorar su competitividad lo han hecho a través de la devaluación del coste salarial y con ello no han tenido incentivos para invertir en innovación.

Una actuación cortoplacista que es “pan para hoy y hambre para mañana”.

Los salarios bajos son una de las principales causas de la baja productividad ya que reduce los incentivos del mundo empresarial para invertir en mejoras de dicha productividadLa agricultura española es un claro ejemplo de elloY un tanto igual ocurre con la industria, donde es frustrante ver que la automovilística continúa produciendo (hoy con la ayuda del Estado) coches contaminantes que quedaran pronto obsoletos.”

https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2020/08/19/una-falsa-dicotomia-salvar-la-salud-de-la-poblacion-o-facilitar-la-recuperacion-economica/

El sistema fiscal es una herramienta para corregir la desigualdad que nos permite con el nivel de imposición y el grado de progresividad hacer que aumenten o disminuían las diferencias en la distribución de la renta.

El art.31.1 de la Constitución señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad“

El sistema tributario español no cumple los principios constitucionales.

Globalmente la presión fiscal ha ido bajando como consecuencia de que la Imposición directa ha ido perdiendo peso y progresividad y sin embargo la imposición indirecta, por naturaleza regresiva, ha crecido. Además seguimos teniendo un elevado nivel de fraude y evasión fiscal.

El sistema impositivo que tenemos actúa incrementando la brecha en la distribución de la renta.

Financiar mejor el gasto público y social, en los próximos presupuestos del estado, exige una aumento de los impuestos particularmente a los que más tienen y es posible ya que hay un amplio margen para hacerlo. Nuestro nivel de imposición se sitúa en torno a siete puntos del PIB por debajo de la media de la UE.

Como he señalado el consumo es uno de los motores de la economía.

Su aumento en buena parte depende de las compras de las clases populares.

Aumentando los ingresos de los trabajadores y trabajadoras incrementaremos el consumo que tiene un efecto multiplicador para la reactivación de la economía.

EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ES CONDICIÓN DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

Como apunte final, la cual es en realidad una necedad decirla, quiero hacer hincapié en el hecho que la reactivación económica requiere una población sana y unas escuelas abiertas.

La gente enferma no puede trabajar y tampoco pueden acudir a su trabajo si se ven forzados a cuidar de sus hijos e hijas.

A pesar de ser obvio la derecha y el establishment lo niegan.

 


martes, 3 de diciembre de 2019

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE SANT CUGAT Y VALLDOREIX VULNERAN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.



La movilidad es la capacidad de desplazarse, con diferentes grados de autonomía, en entornos diversos.
No es un concepto estrictamente físico pues cuestiones económicas, familiares de seguridad son también impedimentos que limitan la libertad de movimiento.
El 81% de las personas con discapacidades físicas afirman que tienen dificultades para salir de casa. (1)
Para que la movilidad sea efectiva es necesario que los entornos sean accesibles para todo mundo.
Así pues para garantizar la movilidad de todos y todas es necesario que todos estos entornos cumplan los criterios de accesibilidad universal.
“La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos para ser utilizables y practicables para todas las personas en condición de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”.
Es la definición que nos ofrece el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Esta norma pretende favorecer la integración social de las personas con discapacidad.

El municipio de Sant Cugat está lejos de cumplir la citada normativa.
Aun son demasiados los comercios de la ciudad en los se debe de superar un escalón para acceder a su interior.
El anterior gobierno municipal ha hecho dejadez de exigir el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en la apertura de un nuevo negocio o en los que se abrían de forma sucesiva en un mismo local con diferente tipología de actividad comercial.
Muchas aceras de la ciudad  son demasiadas estrechas o el ancho libre de pasó entre el poste o la señalización y la fachada más inmediata no permite el paso de una silla de rueda o simplemente de un cochecito de bebé.
Las personas que se desplazan en silla de ruedas o los padres que llevan a su hijo en el cochecito se ven obligadas a transitar en la calzada donde circulan los vehículos.
Esta es la realidad de todas las calles en la zona urbana delimitada desde las instalaciones del golf al parque del arboretum, Rambla Ribatallada y de la Avenida F. Marginat o en gran parte del territorio de Valldoreix.
No se visualizan itinerarios que permitan el desplazamiento de las personas con discapacidades.

Algunos ayuntamientos como se puede ver en la fotografía adjunta han resuelto este problema señalizando un carril protegido.






El envejecimiento progresivo de la población conllevara que  aumentará el número de personas con dificultades en la movilidad y ello requiere actuar sin demora con medidas que garanticen su libertad de movimientos y eliminar las barreras que les impiden participar de las actividades más sencillas y más cotidianas de la vida de un ciudadano o ciudadana.
Estas y otras dificultades hacen que las personas de este colectivo a menudo tengan la sensación de ser tratados como ciudadanos de segunda.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre en su disposición adicional tercera establecía como fecha límite el 4 de diciembre de 2017 para que "los espacios y las edificaciones existentes que sean susceptibles de ajustes razonables cumplan la accesibilidad".
Los gobiernos municipales de Sant Cugat y Valldoreix llevan dos años incumpliendo este mandato legal de asegurar la accesibilidad universal.

1)




lunes, 10 de diciembre de 2018


LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD SE GARANTIZA CON LA REGULACIÓN DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES.

No son buenas las noticias que vamos conociendo sobre el alcance de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que quiere aprobar por Decreto Ley el gobierno socialista  presidido por Pedro Sánchez.
Las informaciones publicadas sobre dicha reforma señalan que se alargaría la duración mínima del contrato que pasaría de tres a cinco años y se limitaría el importe de la fianza.
Nada se dice sobre la regulación de los precios de los alquileres dejando que continúe el arrendador  fijando libremente la renta de la vivienda.
Es decir los socialistas siguen situando la vivienda bajo la lógica del mercado que seguirá siendo una mercancía y no un derecho.
Si se confirma esta noticia, la ley de arrendamientos urbanos seguirá hecha a medida de la propiedad favoreciendo sus prácticas especulativas y abusivas que son en mi opinión contrarias al derecho europeo.
La consecuencia será que el derecho de vivienda continuara siendo vulnerado.

En Sant Cugat como en los otros municipios del ámbito metropolitano de Barcelona son muy numerosas las personas, las familias que han tenido que dejar el piso donde residían por no poder hacer frente al nuevo precio del alquiler impuesto por la propiedad.
Es un drama que ha emergido como una realidad cotidiana de nuestras ciudades.
El gobierno socialista sabe perfectamente que incrementar la duración del contrato no va a detener la fuerte subida de los precios de los alquileres.
La Constitución en su artículo 33.3 establece que la función social de la propiedad delimitará su contenido. La jurisprudencia Constitucional ha determinado el contenido esencial de la propiedad. Esta jurisprudencia , Sentencias 11/81 de 8 de abril y 3/87 de 26 de marzo de 1987, es básica en la regulación del contenido del derecho de propiedad 
El TC ha declarado que:
"(...) la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a este subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio , sino como parte integrante del derecho mismo. Utilidad  individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes" Así pues la función social de la propiedad no sólo no atenta al necesario respecto al "contenido esencial", sino que este no es concebible sin la inserción de aquella.
y no atenta porque:
"Esa dimensión social de la propiedad privada, en cuanto  llamada a satisfacer necesidades colectivas, es en todo conforme con la imagen que de aquel derecho se ha formado la sociedad contemporánea, y por ende, debe ser rechazada la idea de que la previsión legal de restricciones a las otrora tendencialmente limitadas facultades de uso, disfrute, consumo, y disposición o la composición de deberes positivos al propietario hagan irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al tipo constitucionalmente descrito".

Por todo lo expuesto entiendo que inexcusablemente y de forma urgente, la anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos ha de contener en su redactado la previsión que los gobiernos locales en colaboración con los autonómicos puedan limitar los precios de los alquileres de las viviendas para que prevalezca, en el ejercicio del derecho de propiedad, el interés social sobre los derechos individuales.


martes, 19 de diciembre de 2017

EL PP, PSOE Y CIUDADANOS REGULAN EN BENEFICIO DE LOS INTERESES DE LA BANCA PERJUDICANDO LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES AFECTADOS POR UNA CLÁUSULA SUELO.


El pasado 20 de enero de 2017 se publico el  Real decreto ley 1/2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo (en adelante RDL 1/2017), que pretendía como consecuencia del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, establecer un cauce que facilitara entre consumidores y entidades bancarias la resolución de las reclamaciones motivadas por las clausulas suelos.

Una norma que aprobó el gobierno del PP con el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos.

Cuando se publicó fuimos muchos que criticábamos que el gobierno hubiera regulado un mecanismo para un acuerdo extrajudicial que entendíamos favorecía en exceso a los bancos y que era muy dudoso que ayudara en la resolución de las reclamaciones de los afectados por una cláusula suelo en su contrato de préstamo con garantía hipotecaria.

El RDL 1/2017 solo es aplicable a los prestatarios que sean consumidores y personas físicas queda excluidas por tanto las personas jurídicas.
Asimismo regula los plazos de  presentación de la reclamación por el consumidor y de respuesta a la misma por la entidad y su artículo cuatro establece una regulación específica en materia de costas.
Solo si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devolución del efectivo e interpusiera posteriormente una demanda judicial en la que es obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en costas a ésta.

Han pasado diez meses desde su publicación y el balance de su aplicación no es nada satisfactorio.
Las entidades financieras siguen poniendo trabas a las reclamaciones presentadas.
A veces responden con el silencio y en las que contestan de forma positiva lo hacen facilitando cálculos que no contienen toda la información que sería necesaria para verificar su corrección.


Foto diario Expansión

Los juzgados especializados en las clausulas suelos, de forma exclusiva pero no excluyente a otros asuntos, que entraron en funcionamiento el pasado 1 de junio están colapsados por el elevado número de demandas recibidas.
Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (1),  de los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento hasta el pasado 5 de noviembre es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

El Tribunal Constitucional (en adelante TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos contra el mencionado  RDL 1/2017. El recurso señala que el contenido de la norma vulnera los artículos 14, 24 y 51 de la Constitución que regulan el principio de igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y de protección debida a los consumidores.
Denuncian el mecanismo extrajudicial regulado en el mismo por las siguientes razones:
Deja a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad frente al banco que decide cómo cuándo y dónde devolver lo cobrado indebidamente.
Es discriminatoria respecto a las personas jurídicas.
Y muy favorable a los bancos en regulación de las costas.

Es previsible que pase mucho tiempo para que el TC resuelva este recurso y con ello que sea posible reparar el daño causado por este Real Decreto en la efectiva protección de los derechos de los consumidores.

(1)Comunicado del Consejo General del Poder Judicial  de 13 de noviembre de 2017

martes, 6 de enero de 2015

"Es un genocidio, nos están eliminando poco a poco"



"Es un genocidio, nos están eliminando poco a poco" afirma Elsa Tobeña una de las miles de personas (1) afectadas de hepatitis C en nuestro país.


Esta denuncia es tan grave que no hace falta ponerse, ni siguiera por unos instantes, en su lugar para sumar-nos a su grito y exigir que todos los afectados por esta enfermedad sean atendidos por el gobierno.


Un gobierno que tiene, además del deber constitucional de proteger la salud y la vida de sus conciudadanos, los medios de hacerlo en aplicación de la Declaración de Doha (2).


En Doha los miembros de la OMC, de la que forma parte España, acordaron que las normas de propiedad intelectual no deberían impedir a los países proteger su salud y con esta finalidad se permite a los gobiernos la aplicación de las siguientes medidas.


La importación paralela (artículo 6) permite a los países importar un producto patentado que se comercialice en otro país a un precio más
económico
.
Las licencias obligatorias y el uso por el gobierno (artículo 31) permiten que los gobiernos puedan anular temporalmente una patente y autorizar la producción de equivalentes genéricos de medicamentos
patentados por razones de interés público.
Esto se define de forma muy general dejando al arbitrio de cada país su interpretación y aplicación. La Disposición Bolar permite realizar pruebas y otorgar la necesaria
autorización reglamentaria de las versiones genéricas de medicamentos antes de que expire la patente
con el fin de garantizar la introducción de versiones genéricas inmediatamente tras la expiración de la patente.(3)


¡Basta ya de un gobierno sometido al poder de las multinacionales y que antepone las ganancias de sus accionistas a la salud de sus conciudadanos!

Si se puede, salvaguardar la vida de las personas.


(1)Se calcula que en España puede haber entre 600.000 y 800.000 y en Europa unos 4 millones.

(2) los miembros de la OMC aprobaron por unanimidad la Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública de 14 de Noviembre de 2001

(3) http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/patentes.pdf

miércoles, 17 de diciembre de 2014

¿PARA CUANDO UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LA GENTE?



Los desahucios continúan, dejando el pasado año 38.961(1) familias sin su vivienda habitual y con una deuda que nunca podrán pagar y, como han denunciado los jueces decanos en su XXIV reunión anual, provoca la muerte civil del deudor.

La persona que pierde su casa y además debe una cantidad importante del crédito hipotecario con el que financió su compra, se queda en una situación económica que le impide iniciar un nuevo proyecto de vida para el y su familia.

El marco jurídico no ofrece a esta persona una segunda oportunidad como la que tiene la empresa que se encuentra en una situación de insolvencia, acudiendo al proceso concursal.

La Comisión Europea (2) quiere que los países de la Unión Europea revisen su normativa concursal para que las empresas puedan más fácilmente tener esta segunda oportunidad.  

La Comisión considera que las insolvencias son inevitables, que la mitad de las empresas sobreviven menos de cinco años y que en UE cada día se declaran insolventes unas 600 empresas y por ello propone las medidas siguientes:

 “...faciliten la reestructuración de las empresas en dificultades financieras en una fase temprana (antes de iniciar un procedimiento de insolvencia), evitando así largos y costosos trámites al contribuir a un menor recurso a la liquidación;
Permitan a los deudores reestructurar sus empresas sin necesidad de incoar un procedimiento judicial;
Den a las empresas que sufran dificultades financieras la posibilidad de solicitar una moratoría de hasta cuatro meses (prorrogable hasta un máximo de doce meses) para adoptar un plan de reestructuración antes de que los acreedores puedan incoar procedimientos de ejecución en su contra;
Faciliten el proceso de adopción de un plan de reestructuración, teniendo en cuenta los intereses de los deudores y los acreedores, con vistas a aumentar las oportunidades de salvar empresas viables;
Reduzcan los efectos negativos de una quiebra en las posibilidades futuras de los empresarios de abrir una empresa, sobre todo mediante la liquidación de sus deudas en un plazo máximo de tres años.”

El gobierno de Rajoy aprobó, el pasado mes de mayo, una reforma de la ley Hipotecaria que ha fracasado en su propósito de frenar los desahucios y que no ofrece al deudor la posibilidad de acogerse a un procedimiento concursal en consonancia al que se prevé en las legislaciones de Francia, Alemania o EEUU.

Una reforma tramitada para dar el carpetazo a la Iniciativa Legislativa Popular, presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con el respaldo de 1,5 millones de firmas, en la que se pedía la dación en pago retroactiva y el fin de los desahucios.

Las recomendaciones que formula la Comisión Europea hacia las empresas que no pueden hacer frente a sus deudas, deberían hacerse extensivas a las personas y a sus familias que se encuentran en la misma situación.

Con un argumento similar, al que da la Comisión Europea respecto a las empresas, dar una segunda oportunidad a las personas se justifica  en evitar su marginación social y favorecer que emprendan un nuevo proyecto que beneficie a toda la sociedad a través de sus actividades y pago de impuestos.

¿Para cuando una segunda oportunidad a la gente?




(1) cerca de 50.000 si se incluye las segundas residencias fuente Banco de España.




(2)Insolvencia: la Comisión recomienda un nuevo enfoque para rescatar las empresas y dar una segunda oportunidad a los empresarios honrados 12 de marzo de 2014
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-254_es.htm