Ayer, en el Congreso de los diputados, Rajoy anuncio que el consejo de ministros había acordado requerir a Puigdemont que diga si ha declarado o no la independencia.
El gobierno lo hace a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya declarado que “ni la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, ni ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia despliegan efecto jurídico alguno".
Se trata por lo tanto de una declaración política y nada más.
No tiene efectos reales pero da igual para el gobierno central que se empeña en seguir la
vía jurídica para resolver el problema político del encaje de Cataluña con
España.
Activa el procedimiento que establece el artículo
155 de la Constitución que requiere para su aplicación que una Comunidad Autónoma no cumpliere las
obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma
que atente gravemente al interés general de España.
En esta estrategia judicial el PP se ve acompañado por
Ciudadanos y también por un PSOE que aplaudió la intervención del Josep
Borrell que sirvió para blanquear la manifestación protagonizada por los ultraderechistas
que se celebró el pasado domingo en Barcelona.
Rajoy no tiene una propuesta para Catalunya pero si piensa seguir sacando rédito electoral de instrumentalizar el enfrentamiento de Cataluña con los otros pueblos que conforman España.
El PSOE propone una reforma de la Constitución que el PP parece haber aceptado para hacer retoques y
con la línea roja de no tocar el artículo 2 de la Constitución que establece la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad
entre todas ellas.
No estoy de acuerdo con la declaración de independencia que formulo el President de la Generalitat apoyada en los resultados de un referéndum sin garantías y que no interpelaba a toda la ciudadanía de Cataluña.
La solución real al conflicto catalán requiere la celebración
de un referéndum pactado que permita a los catalanes y catalanas decidir sobre cómo
quieren relacionarse con España.
Un referéndum que pregunte no solo sobre la independencia sino también sobre otra opción que refuerce el reconocimiento, la singularidad y la autonomía de Catalunya.
Para ello el artículo 2 de la Constitución debe
de ser reescrito eliminando toda referencia
a la indisoluble unidad de España.
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