El PP en el pasado ha recurrido con frecuencia
a la judicialización de la política.
Desde la oposición lo ha hecho como forma de oponerse a la acción del gobierno presentando numerosos recursos ante el Tribunal Constitucional. Con ello paralizaban o retrasaban la entrada en vigor de leyes y provocaban la intervención del Tribunal en la vida política.
El PP y Vox, han incorporado en su táctica de hacer política la guerra judicial (lawfare) que consiste en utilizar y manipular los medios jurídicos con fines políticos.
Lo hacen a sabiendas que cuentan entre los
miembros de la judicatura con muchos afines a su ideología.
Ahora, lo llevan a cabo cuando la voluntad
popular nos les ha dado los votos suficientes para formar gobierno y después de
fracasar en su intento de impedir por todos los medios la formación del
gobierno del PSOE con Podemos.
Un gobierno que tacharon de” ilegitimo o de
inconstitucional” y con ello se justifican que el todo vale para atacarlo.
Tratan así de conseguir ventaja política con la
intervención de los tribunales e incluso si pueden acceder indebidamente al poder público.
De esta práctica de la guerra judicial tenemos
unos ejemplos recientes en Brasil donde se desplazo del poder a Dilma Rousseff o
se impidió ser candidato a Lula Da Silva.
Estas formaciones políticas hacen un uso abusivo del derecho
con la promoción de demandas con acusaciones sin materialidad que sirven para
debilitar al oponente político e influir en la opinión pública con la
complicidad de determinados medios de comunicaciones.
Estas maniobras judiciales tienen como objetivo
acabar con el gobierno de coalición.
Las acusaciones contra Podemos de financiación
ilegal de manejar una caja B tienen este fin.
Y si no lo consiguen, con "el acusa que algo queda"pretenden dañar a Podemos ante la opinión pública restándole credibilidad y sembrar la duda entre su seguidores.
Esta forma de hacer política pone
en cuestión la calidad de nuestro estado de derecho y sistema democrático.
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