Esta frase corresponde al discurso pronunciado por Manuel Azaña, entonces ministro de la guerra, en la sesión de Cortes del 13 de octubre de 1931 en el que planteaba una radical separación de la iglesia con el Estado.
Un discurso apasionado, en el que propone la regulación por ley de las congregaciones religiosas desde el respeto a las creencias religiosas y dirigiéndose a los diputados afirma:
“Nosotros tenemos, de una parte la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente, sin exceptuar la libertad de la conciencia cristiana; pero tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado”.
Esta actitud no se puede en absoluto valorar como anticlericalismo agresivo como lo ha hecho
El papa Benedicto XVI hace unos días en su visita a nuestro país declarando que hoy en España existe un laicismo agresivo como en 1930.
Anticlericalismo exitia ayer y hoy en nuestro país, pero el calificativo de agresiva y beliregante se debe de aplicar, ayer y hoy, a la actitud de jerarquía Católica por su intromisión en la política que pretende someter a los gobiernos a su dictado.
Semejante afirmación no se corresponde con la política seguida por el gobierno del estado que ha perpetuado y mejorado la situación de privilegio que goza la iglesia católica española.
Así lo corroboran las decisiones del gobierno Zapatero de renunciar a la reforma de la Ley de libertad religiosa de 1980, para que sea más acorde con la aconfesionalidad del estado, y la de incrementar su financiación a cargo de los impuestos de todos del 0,52 al 0,70.
La retirada del proyecto de reforma de la Ley de libertad Religiosa es un nuevo paso más atrás del Gobierno, que ya se había autolimitado en sus objetivos de reforma con voluntada de evitar enfrentamientos con la cúpula de la Iglesia, optando por no tocar los acuerdos con la Santa Sede de 1979.
Unos acuerdos, que además, utilizan los representantes de la Iglesia Católica como coartada para pasar por encima de la Constitución y las leyes del parlamento.
Renunciar, ahora, a la reforma de la ley de libertad religiosa será de nuevo interpretado por los obispos como debilidad y con el respaldo de determinados sectores sociales y partidos políticos les anima en incrementar su actitud beligerante contra el gobierno.
La realidad que tenemos hoy no es compatible con nuestra Constitución.
El Estado Español no tiene religión y deber ser en el ámbito religioso neutral lo que choca con una situación de privilegio injustificada a favor de la Iglesia católica en relación a otras creencias.
Una muestra de ello es la retirada o no retirada de los crucifijos de colegios públicos.
No es un asunto que pueda ser sometido a discusión, no puede hacerse depender de que lo soliciten o dejen de solicitar padres de alumnos, sino que dicha decisión tiene que ser adoptada de oficio por los poderes públicos.
Lo manda así nuestra Constitución que obliga taxativamente a todos en respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Condicionar la retirada de crucifijos a la solicitud de unos padres es obligar-les en hacer pública "su religión o sus creencias" y esto es algo que está expresamente vedado por la Constitución.
Las palabras del Papa en las que compara el laicismo actual con el anticlericalismo de los años treinta cuando la II República es inaceptable.
Si quiere hablar del pasado que lo haga respetando la verdad y aproveche para pedir disculpas por haber bendecido la Guerra Civil como Cruzada y, con ello, todos los
Los atropellos, venganzas, fusilamientos, censuras y demás humillaciones infligidas por el régimen fascista a millones de españoles.
Sin entrar en el debate del estado laico, que es el que defiendo, quiero mencionar el rol clave, a lo largo de la historia de la religión como eficaz instrumento de dominación de la derecha.
Como ya demostró Karl Marx, el poder de los símbolos puede ser más efectivo que el de las bayonetas.La religión ha ayudado a ver la clase dominante como detentadora del poder y de la riqueza por méritos propios y desarrollar en la conciencia de la clase trabajadora la convicción de que vivimos en un orden natural e inmutable, en el que es mejor obedecer que reivindicar contra las desigualdades e injusticias sociales.
Esto también esta en juego y por ello no podemos aplazar por más tiempo que nuestro país deje de ser católico.
El gobierno debe de reconsiderar su decisión y cumplir con la Constitución.
No puede, dejar de hacer realidad en los hechos y no solo en las palabras, la aconfesionalidad de nuestro Estado.
Cumplir, en definitiva, con el propósito formulado por Azaña de respectar la libertad de conciencia y poner a salvo el estado.
