Día tras día me entristece
constatar la inactividad judicial en defensa de los derechos de las
personas.
La política de PP y de CiU están afectando
gravemente a un conjunto de derechos fundamentales y libertades de los
ciudadanos sin que los jueces de instrucciones actúen para
restablecer la legalidad.
La judicatura parece ignorar que
el articulo 10.2 de la
Constitución manda la aplicación interna de los
tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
Lo mas grave de este inactivismo
judicial se da respeto al derecho comunitario.
La incorporación del derecho de la UE esta regida por
la primacía y el efecto directo.
Así pues, al resolver un caso, si se da
un supuesto de conflicto entre una norma comunitaria y una
norma española, los jueces están en la obligación de aplicar la
norma comunitaria y no la española.
Esta ausencia de activismo judicial obliga a
las personas, perjudicadas en sus derechos, en recurrir a los tribunales
europeos.
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