Al Sindicat de Llogaters de Sant Cugat nos llegan de
inquilin@s unas denuncias sobre la pretensión de la propiedad de renovar su
contrato de alquiler con un incremento del 30 % o más del importe que pagaban hasta
ahora como renta.
¿Como es posible que les quieran imponer este brutal e injustificado aumento?
¿Porque lo hacen si siempre han cumplido con el pago de su renta mensual?
La ley no ofrece ningún recurso al inquilino para oponerse al aumento pretendido por el arrendador.
La
libertad de fijar la renta por parte de la propiedad no tiene ninguna
limitación legal.
Es puro eufemismo el que la Ley de Arrendamientos Urbanos diga que la renta será la que se pacte entre el arrendador y arrendatari@. En la práctica la propiedad la impone.
Rige la ley del mercado que juega a favor de los poderosos.
Poco importa que el derecho a la vivienda sea recogido en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 25 apartado uno y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales .
Tampoco es tenido en cuenta que el artículo 47 de la constitución española establezca el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.
Los gobiernos sucesivos del PP y del PSOE han legislado a favor de la propiedad y de forma contraria a que se pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda para todas las personas.
Según el último informe publicado por Fotocasa (1) el precio de la vivienda en alquiler ha experimentado un aumento del 8,9% en España durante el año 2017.
Cataluña es la comunidad autónoma en el que se ha registrado el mayor crecimiento con un 10,3% y Barcelona la única provincia en la que se ha superado con creces su antiguo valor máximo que se dio en el mes de mayo de 2007.
En cuanto a los incrementos que se que se registran en términos de variación anual en los municipio hay que destacar el de Rubí que tiene una variación del 19,7% situándose en el sexto lugar de los municipios con mayor variación anual de precio durante el pasado año.
Entre los 30 municipios españoles con los precios más alto de alquiler se encuentra 13 municipios de Cataluña.
El precio que hay pagar por el alquiler de un vivienda por m2 al mes es el siguiente:
Barcelona: 15,58€
Gavà:15,01€
Sant Cugat:14,10€
Castelldefels:13,93€
Sitges:13,77€
Madrid:13,22€
l'Hospitalet: 12,49€
Esplugues: 12,27€
Remarcar que el precio del alquiler en Barcelona y Sant Cugat superan respectivamente en un 91,16% y en 73% el de la media de España que es de 8,15€/m2 al mes.
Con los anteriores datos no es de extrañar que según el informe del Consejo General del Poder Judicial en el tercer trimestre de 2017 los desahucios por impago de alquiler en España hayan aumentado un 4% y que en Cataluña sea donde se registraron más hasta llegar a la cifra de 1674.
Es puro eufemismo el que la Ley de Arrendamientos Urbanos diga que la renta será la que se pacte entre el arrendador y arrendatari@. En la práctica la propiedad la impone.
Rige la ley del mercado que juega a favor de los poderosos.
Poco importa que el derecho a la vivienda sea recogido en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 25 apartado uno y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales .
Tampoco es tenido en cuenta que el artículo 47 de la constitución española establezca el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.
Los gobiernos sucesivos del PP y del PSOE han legislado a favor de la propiedad y de forma contraria a que se pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda para todas las personas.
Según el último informe publicado por Fotocasa (1) el precio de la vivienda en alquiler ha experimentado un aumento del 8,9% en España durante el año 2017.
Cataluña es la comunidad autónoma en el que se ha registrado el mayor crecimiento con un 10,3% y Barcelona la única provincia en la que se ha superado con creces su antiguo valor máximo que se dio en el mes de mayo de 2007.
En cuanto a los incrementos que se que se registran en términos de variación anual en los municipio hay que destacar el de Rubí que tiene una variación del 19,7% situándose en el sexto lugar de los municipios con mayor variación anual de precio durante el pasado año.
Entre los 30 municipios españoles con los precios más alto de alquiler se encuentra 13 municipios de Cataluña.
El precio que hay pagar por el alquiler de un vivienda por m2 al mes es el siguiente:
Barcelona: 15,58€
Gavà:15,01€
Sant Cugat:14,10€
Castelldefels:13,93€
Sitges:13,77€
Madrid:13,22€
l'Hospitalet: 12,49€
Esplugues: 12,27€
Remarcar que el precio del alquiler en Barcelona y Sant Cugat superan respectivamente en un 91,16% y en 73% el de la media de España que es de 8,15€/m2 al mes.
Con los anteriores datos no es de extrañar que según el informe del Consejo General del Poder Judicial en el tercer trimestre de 2017 los desahucios por impago de alquiler en España hayan aumentado un 4% y que en Cataluña sea donde se registraron más hasta llegar a la cifra de 1674.
No
hay ningún motivo (2) que pueda justificar que en Sant Cugat la
propiedad exija al inquilino para formalizar un nuevo contrato que su renta se
incremente en un 30%.
La
única razón es el afán lucrativo infinito de los propietarios inmobiliarios.
Las
7.421 familias (3) que viven en régimen de alquiler en Sant Cugat, cuando se les acabe la vigencia de su contrato
de arrendamiento, puede que se vean ante la disyuntiva de pagar si pueden hacerlo
una renta abusiva o de encontrar un nuevo lugar para vivir.
¿Los gobiernos de las diferentes administraciones
públicas tomaran medidas para hacer efectivo el derecho de la gente a una
vivienda digna?
¿El gobierno municipal con su alcaldesa al frente intervendrá
para pedir mesura y responsabilidad social a las empresas inmobiliarias que gestionan
viviendas en Sant Cugat?
Es hora que se preocupe y ocupe del bienestar de sus
vecin@s que viven en régimen de alquiler.
2)
El arrendador no puede alegar el
incremento de costes que recaigan sobre la propiedad pues en los contratos de
alquiler es muy frecuente que se pacte que
sea el arrendatario quien debe de asumir el pago de impuestos y gastos
de comunidad.
El
mercado del alquiler esta bajo el control del sector privado en un régimen de
oligopolio.
Foto wilkipedia
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