martes, 13 de marzo de 2018

LA ALIANZA DEL PODER POLÍTICO CON EL PODER ECONÓMICO HA PROVOCADO EL ESCANDALOSO INCREMENTO DEL PRECIO DEL ALQUILER.



Los precios de los alquileres están subiendo de forma desorbitada y por ello se está hablando de la burbuja de los alquileres.
Las causas hay que encontrarlas en la alianza entre el poder político y económico.

Los gobiernos del PSOE y luego del PP llevaron a cabo una serie de reformas legislativas que favorecieron los intereses de la banca y de los fondos de inversiones en la rentabilización de sus propiedades en el sector inmobiliario.
La reforma de la ley de arrendamientos urbanos del 2013 que entro en vigor el 5 de junio de 2013 reducía la duración de los alquileres de 5 a 3 años y también la prórroga que pasaba de tres a un año.
Pasado este periodo la propiedad puede imponer al inquilino la formalización de un nuevo contrato con unas nuevas condiciones.
Son muchos los contratos de arrendamiento de vivienda que vencen ahora y miles de personas que viven en régimen de alquiler se encuentran en la situación de hacer frente a una fuerte subida de la renta mensual de su vivienda.
La banca y los fondos de inversiones son los que dominan el mercado de la vivienda del alquiler y están impulsando una fuerte subida de los precios de los arrendamientos.
Lo hacen para rentabilizar sus inversiones en el sector inmobiliario dando salida al stock de viviendas que no consiguen vender pues una parte importante de sus posibles compradores está entre la población joven que no consigue emanciparse con sus empleos precarios y bajos salarios.
Son las llamadas SOCIMIS (1), unas sociedades anónimas que cotizan en bolsa y cuyo objetivo principal es acumular activos inmobiliarios mediante adquisición o promoción para ser luego destinado al arrendamiento.
Unas sociedades que están exentas de pagar el impuesto sobre sociedades y que cuentan con bonificaciones del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el de actos jurídicos documentados.
Los pequeños propietarios que alquilan sus inmuebles se suman a esta tendencia alcista de las rentas de los arrendamientos.
En Barcelona, Madrid pero también en todas las ciudades de su entorno el precio del alquiler ha alcanzado a finales de 2017 máximos históricos (2).

La alianza del poder político con el poder económico ha dado lugar a la burbuja del alquiler.
Tenemos una legislación protectora de la propiedad y que deja al albur del mercado la evolución del precio del alquiler es decir a la voluntad de la banca y fondos de inversiones.
Tenemos un parque público de viviendas en régimen de alquiler que es insuficiente para competir y presionar los precios a la baja.
Y ahora el gobierno del M. Rajoy aprueba un plan de vivienda (3) que en mi opinión va a favorecer a que siga el incremento de los precios de los alquileres.
Las ayudas al alquiler que prevé el Plan de hasta 900 € finalmente irán a parar al bolsillo del arrendador.


(1)


(2)





sábado, 3 de marzo de 2018

UNA LEY HIPOTECARIA QUE ATIENDA A LOS INTERESES DE LA GENTE Y NO DEL CAPITAL.



La ley hipotecaria como derecho objetivo representa un conjunto de normas que regula la adquisición transmisión modificación y extinción de los derechos de los bienes inmuebles.
Esta ley como todas las normas en su redactado incorpora unos valores y disciplina la conducta de las personas protegiendo aquellos intereses que se estiman valiosos por el legislador.
Una ley que junto a las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento civil se debe de reformar para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda.
En el año 2008 en España con el inicio de la crisis económica las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 126,2% y en un 59% en el año siguiente.
En los años de la burbuja inmobiliaria las entidades financieras concedieron préstamos que se sustentaba solo en el valor de la garantía del inmueble que se hipotecaba el cual se fijaba con unas tasaciones hechas sin rigor y que se ajustaban a las necesidades comerciales del banco.
Las entidades crediticias no tenían en cuenta para nada la solvencia ni la capacidad económica del prestatario más allá de la garantía que pudiera aportar con el inmueble y sus previsibles revalorizaciones.
Los contratos hipotecarios que firmaron las personas que querían adquirir una vivienda fueron unos contratos de adhesión que sin negociación los bancos redactaron de forma unilateral en el que los clientes solo pudieron poner más que sus datos personales la cuantía de su préstamo y el valor de la casa que hipotecaba.
La banca lleno los contratos de clausulas abusivas en perjuicio de los hipotecantes y con la finalidad de garantizar e incrementar sus ganancias.
Según el INE, el 20,2 % de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014 correspondieron a créditos constituidos en 2007, el 17,3% a hipotecas firmadas en 2006 y el 12,1% a préstamos de 2005.
Así pues, el periodo 2005 y 2008, años que se pueden identificar como la fase más alcista de la burbuja, concentró el 61,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014.
En el 2012 según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial en España  fueron desahuciadas 46.408 viviendas y se resolvieron 91.622 ejecuciones hipotecarias.
Este mismo año el presidente de Ecuador Rafael Correa denunció que la ley hipotecaria española vulneraba los derechos humanos. Lo hacía preocupado ante el hecho de que  unos 15.000 ecuatorianos residentes en España habían sido desalojados de sus viviendas.
En su crítica a la normativa hipotecaria española señalaba, en mi opinión con gran acierto, que la misma reflejaba la supremacía del capital sobre los seres humanos.

El pasado 15 de febrero el pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos al proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario que  ha sido elaborado el gobierno del PP.
El ministro Luis De Guindos al presentar la norma dijo que daría “más competencia y dinamismo al sistema hipotecario español”.
Votaron en contra de la enmienda a la totalidad el PP, C's,  el PNV, el PDeCAT,  Coalición Canaria y Foro Asturias el PSOE se abstuvo y recibió el apoyo de ERC, Compromís y HB- Bildu.
El resultado de la votación fue de 180 votos en contra 79 a favor y 82 abstenciones.

El texto que proponía Unidos-Podemos-En Comu Podem- En Marea pretendía que la nueva ley equilibrara las relaciones entre el consumidor y la banca y con esta finalidad se incluyera en su redactado:
·      
           Que la concesión de un crédito se acompañe siempre de un estudio de su viabilidad.

·        La limitación de la responsabilidad del deudor al bien hipotecado.
·         La dación de la vivienda habitual en pago de la deuda garantizada, y si hubiese sido subastada que se entenderá saldada la totalidad de la deuda.
·         Una regulación de la tasación del bien a efectos de la dación en pago.
·         El derecho del prestatario a reembolsar, con carácter general, todo o parte del préstamo sin tener que soportar comisiones o compensaciones para el prestamista
·         El cómo debe acometerse la ejecución y resolución de los contratos hipotecarios.
·         La prohibición de realizar desalojos forzosos sin ofrecer a cambio una "alternativa habitacional" a los afectados.
·         Que las entidades financieras que hayan cedido total o parcialmente un préstamo con garantía hipotecaria a un fondo de titulización informen al consumidor por escrito.
·         Las diferentes sanciones e infracciones que se pueden imponer a la banca por las malas prácticas y clausulas abusivas.
·         La publicación de las sanciones impuestas y haya un registro central, de acceso público y gestionado y desarrollado por el Banco de España, al que las CCAA y el resto de órganos sancionadores remitirán con carácter trimestral el listado de sanciones firmes que hayan ido recayendo.

·         


Ahora los diputados y senadores de Unidos-Podemos deberán trabajar en la tramitación de la ley para conseguir una norma que proteja a los consumidores y no a la banca.




viernes, 2 de febrero de 2018

EL NEOLIBERALISME UNEIX EL PDeCat, PP i C's.


Avui una notícia en recorda aquesta aliança CiU, PP i Ciutadans que són tots els defensors de les polítiques neoliberals i per aconseguir aquest propòsit es posen d'acord per aplicar polítiques repressives per a castigar els treballadors i treballadores.
Es diuen patriotes per tal de proclamar que volen el que és millor pel seu país.
En realitat la seva ideologia apegada al capitalisme més salvatge condemna moltes famílies a viure en la precarietat.
Des del poder polític treballen pels rics per incrementar la seva posició de domini social.






El Supremo avala seis años después la web de delación ciudadana de los Mossos d'Esquadra

CiU, PP y Ciutadans votaron a favor de utilizarla "cuando sea necesario".

miércoles, 31 de enero de 2018

La necesaria derogación del factor de sostenibilidad del cálculo de la cuantía de las pensiones.



La reforma de las pensiones que se aprobó en 2013 introdujo dos cambios muy importantes en el sistema.

En primer lugar las prestaciones ya no se actualizan como antes conforme a la inflación sino con un nueve índice de revalorización que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema así como el incremento del número del pensionista y de la prestación media.
Ello  se traduce que si hay déficit en el sistema (diferencia en los ingresos por cotizaciones y gastos por el pago de las pensiones) se limita la subida hasta alcanzar el equilibrio.
La citada reforma estableció unos topes de incremento de la revalorización de la cuantía de las pensiones.
Si hay déficit y sea cual sea el incremento anual del IPC el aumento de las pensiones no podrá superar el 0,25%. Si el IPC es superior los pensionistas perderán poder adquisitivo
El 2018 es el quinto año consecutivo en el que se aplica este incremento suelo del 0,25% a la cuantía de las pensiones provocando a nueva pérdida de poder adquisitivo en los pensionistas.
En caso que no haya déficit del sistema el incremento de las pensiones podrá superar el IPC pero no más del 0,5%.


                                       Cinco Dias 29 de diciembre de 2017



El segundo cambio de la reforma del 2013 ha sido la introducción del factor de sostenibilidad para calcular la pensión de los nuevos jubilados.
Es decir para las personas que se jubilen el próximo año el importe de la pensión mensual a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida.
Si sube la esperanza de Vida las prestaciones mensuales serán más bajas.
El nuevo pensionista previsiblemente vivirá más anos cobrando durante más tiempo su pensión y por ello la cuantía mensual de la misma se debe de rebajar.
Es el argumento que utilizó el gobierno para justificar la aplicación de este factor al futuro pensionista. 

El pasado día 25 de diciembre Unidos Podemo-En Comú Podem-En Marea registraron en el congreso una proposición de ley en la que piden que se elimine este factor de sostenibilidad para determinar la cuantía inicial de las pensiones de las personas que se jubilen a partir del 2019.
Aplicarlo supondrá una nueva rebaja de la cuantía de las prestaciones de los futuros pensionistas que puede llegar hasta el 20%.




viernes, 19 de enero de 2018

SANT CUGAT TERCER MUNICIPIO ESPAÑOL CON LOS PRECIOS DE ALQUILER MÁS ALTO DE ESPAÑA.


Al Sindicat de Llogaters de Sant Cugat nos llegan de inquilin@s unas denuncias sobre la pretensión de la propiedad de renovar su contrato de alquiler con un incremento del 30 % o más del importe que pagaban hasta ahora como renta.

Al hacerlo nos preguntan:
¿Como es posible que les quieran imponer este brutal e injustificado aumento?
¿Porque lo hacen si siempre han cumplido con el pago de su renta mensual?

La ley no ofrece ningún recurso al inquilino para oponerse al aumento pretendido por el arrendador.
La libertad de fijar la renta  por parte de la propiedad no tiene ninguna limitación legal.


Es puro eufemismo el que la Ley de Arrendamientos Urbanos diga que la renta será la que se pacte entre el arrendador y arrendatari@. En la práctica la propiedad la impone.

Rige la ley del mercado que juega a favor de los poderosos.
Poco importa que el derecho a la vivienda sea recogido en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 25 apartado uno y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales .
Tampoco es tenido en cuenta que el artículo 47 de la constitución española establezca el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.
Los gobiernos sucesivos del PP y del PSOE han legislado a favor de la propiedad y de forma contraria a que se pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda para todas las personas.


Según el último informe publicado por Fotocasa (1) el precio de la vivienda en alquiler ha experimentado un aumento del 8,9% en España durante el año 2017.
Cataluña es la comunidad autónoma en el que se ha registrado el mayor crecimiento con un 10,3% y Barcelona la única provincia en la que se ha superado con creces su antiguo valor máximo que se dio en el mes de mayo de 2007.

En cuanto a los incrementos que se que se registran en términos de variación anual en los municipio hay que destacar el de Rubí que tiene una variación del 19,7% situándose en el sexto lugar de los municipios con mayor variación anual de precio durante el pasado año.

Entre los 30 municipios españoles con los precios más alto de alquiler se encuentra 13 municipios de Cataluña.
El precio que hay pagar por el alquiler de un vivienda por m2 al mes es el siguiente:
Barcelona: 15,58€
Gavà:15,01€
Sant Cugat:14,10€
Castelldefels:13,93€
Sitges:13,77€
Madrid:13,22€
l'Hospitalet: 12,49€
Esplugues: 12,27€

Remarcar que el precio del alquiler en Barcelona y Sant Cugat superan respectivamente en un 91,16% y en 73% el de la media de España que es de 8,15€/m2 al mes.

Con los anteriores datos no es de extrañar que según el informe del Consejo General del Poder Judicial en el tercer trimestre de 2017 los desahucios por impago de alquiler en España hayan aumentado un 4% y que en Cataluña sea donde se registraron más hasta llegar a la cifra de 1674.

No hay ningún motivo (2) que pueda justificar que en Sant Cugat la propiedad exija al inquilino para formalizar un nuevo contrato que su renta se incremente en un 30%.
La única razón es el afán lucrativo infinito de los propietarios inmobiliarios.
Las 7.421 familias (3) que viven en régimen de alquiler en Sant Cugat,  cuando se les acabe la vigencia de su contrato de arrendamiento, puede que se vean ante la disyuntiva de pagar si pueden hacerlo una renta abusiva o de encontrar un nuevo lugar para vivir.

¿Los gobiernos de las diferentes administraciones públicas tomaran medidas para hacer efectivo el derecho de la gente a una vivienda digna?

¿El gobierno municipal con su alcaldesa al frente intervendrá para pedir mesura y responsabilidad social a las empresas inmobiliarias que gestionan viviendas en Sant Cugat?

Es hora que se preocupe y ocupe del bienestar de sus vecin@s que viven en régimen de alquiler.



2) El arrendador  no puede alegar el incremento de costes que recaigan sobre la propiedad pues en los contratos de alquiler es muy frecuente que se pacte que  sea el arrendatario quien debe de asumir el pago de impuestos y gastos de comunidad.
El mercado del alquiler esta bajo el control del sector privado en un régimen de oligopolio.


Foto wilkipedia

domingo, 7 de enero de 2018

LOS RETOS DE PODEMOS PARA EL 2018.


No ha ido muy bien el año 2017 para Podemos.
Los resultados de las encuestas sobre intención de votos publicados a lo largo del año que ha finalizado y a principio de este 2018 muestran que nuestro partido es el que más se ha resentido en intención de voto.
Las últimas encuestas reflejan que ante una posible convocatoria electoral Podemos obtendría un apoyo de los electores que le situaría en la cuarta posición, detrás del PP, PSOE y C's.
Queda lejos la segunda posición que le otorgaban las encuestas de finales de 2016.
En las elecciones catalanas celebradas el pasado 21 de diciembre la candidatura d'En Comú Podem perdió algo más de 42.000 votos respecto a las elecciones de 2015.
En las encuestas del CIS de noviembre la estimación de votos de Podemos era del 21,8 % en el 2016 y 18,5% en el 2017.
Para algunos analistas lo más preocupante es que esta caída de apoyo electoral se concentra entre los electores de centro izquierda con "lo que se demostraría que el partido ha perdido la capacidad de ser transversal incluso dentro de la izquierda refugiándose en los votantes con ido lejía más extrema"(1).
Uno de los últimos sondeos publicados es el del diario El País que atribuye a Podemos una intención de voto del 14,7% frente a los 26,1% qué obtendría el PP, el 22,7% el PSOE y el 22,7% C's.




Ahora con este 2018 que se inicia es importante que sepamos aprender de todos estos datos y nos pongamos a trabajar para hacer posible el objetivo de ganar las elecciones generales de 2020, gobernar España para construir derechos.
Para ello tenemos que empezar ganando el reto de de las elecciones municipales del 2019 pues marcará el devenir de nuestra organización en los próximos cinco años.
Es un reto importantísimo y del cual nos debemos de ocupar sin demora.
La preparacion de esta contienda electoral que determina la elección de los gobiernos municipales ha de permitir una movilización de la organización que la haga fuerte en su estructura básica territorial que son los círculos municipales.
Para ganar será necesario que la gente se organice de forma activa y con capacidad para movilizarse y de llevar la iniciativa de los debates del cambio de lo que queremos introducir en la gestión municipal.
Nos ayudará a construir este relato la gestión realizada por los companer@s que gobiernan en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.
El "si se puede " se ha hecho realidad por estos ayuntamientos del cambio.
Plantando cara a los poderosos en defensa de los derechos de las personas han sancionando a los bancos que tenían pisos vacíos y obligado a las empresas suministradoras de la agua gas o electricidad a que se coordinen con los servicios sociales municipales sociales antes de llevar a cabo un corte de suministro.
En su acción de gobierno han priorizado el gasto social, la atención a los barrios populares, la inversión en la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler.
Han revertido la privatización de servicios públicos, saneado las cuentas municipales e incluso han buscando nuevas fórmulas de financiación fuera de la banca tradicional.




La alcaldesa de Barcelona  Ada Colau con su equipo de gobierno, a pesar de no contar con el apoyo estable de una mayoría de los concejales, ha demostrado que son capaces de gobernar con y para la gente para llevar una gestión diferente capaz de garantizar el desarrollo de políticas públicas de integración y cohesión social y al mismo tiempo de racionalización del gastos presupuestario.




sábado, 30 de diciembre de 2017

¿TODAVÍA ES POSIBLE Y TAL VEZ NECESARIO COMO ÚNICA SOLUCIÓN FUERA DE LOS BLOQUES UN GOBIERNO ERC, PSC Y EN COMÚ PODEM?


El resultado de las elecciones ha evidenciado el fraccionamiento del voto de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña entre las diferentes opciones que concurrían a las elecciones del Parlament y la polarización entre los dos bloques.
Ninguno de los dos bloques que concurrían a las elecciones el constitucionalista o independentista han conseguido llegar a superar el 50% de los votos y con una diferencia de votos entre los dos de 165.000 votos quedan invalidadas la tentación de que quieran uno gobernar sin tener en cuenta el otro.
Es suicida seguir desgastando la sociedad catalana queriendo imponer la vía unilateral de la independencia o seguir con "el a por ellos".
Los resultados de estas elecciones con una alta participación de 82,3%, y por tanto muy representativos de lo piensan los catalanes y catalanas no han movido prácticamente el reparto de votos entre los 2 bloques.
Nos encontramos en una situación de equilibrio de fuerza entre bloque parecido y el diagnóstico sigue siendo el que desde En Comú Podem, en adelante EPC, estamos haciendo desde hace tiempo. Ningún bloque puede imponer su proyecto pues ni uno ni otro tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya.
Es cierto, los independistas JxCat, ERC i la CUP tienen en conjunto 70 escaños pudiendo así conformar una mayoría que de soporte a un nuevo gobierno de la Generalitat con su programa.
Esto es así por el sistema electoral que hace que los votos necesarios para obtener un escaño para cada formación política no respeta, en la atribución de diputados y diputadas, el valorar de forma igual el voto de cada persona.
A ERC le hicieron falta 29.044 votos de media para conseguir un diputado, a JxCat 27.665, a C’s 29.786, al PSC 35.469, mientras que para EPC necesito 40.462 votos.

Ciudadanos es el partido más votado en Barcelona, l'Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma, Cornellà, Esplugues, Mataro, Lleida, Tarragona, Cerdanyola, Barbera del Vallés, Ciutat Badia, Rubí, Granollers...
                                 


La negociación para una salida democrática se impone.
Para salir de esta situación, para dar respuesta a los anhelos que tiene el pueblo catalán de decidir su futuro respecto al Estado español, recordemos que un 80% de la población respalda la celebración de un referéndum, pero también para atender las demandas sociales se debe de apostar por un acuerdo de amplias mayoría.
El resultado de las elecciones ha reafirmado el posicionamiento de  unionistas e independentistas y también a pesar de haber perdidos votos y diputados el declarado por EPC.
Entiendo que debe de servir como referencia la propuesta programática de EPC  de llegar a un acuerdo transversal que permita recomponer la cohesión del pueblo catalán en un proyecto de país.
EPC  proponía conformar una alianza del catalanismo progresista que tenga por objetivos impulsar un nuevo marco constituyente catalán que defina un nuevo modelo de país que pudiera dar respuestas a las demandas sociales y que establezca un pacto bilateral con el Estado español para establecer una relación de tipo confederal en el marco de una España plurinacional.
ERC, PSC y EPC suman 57 escaños una mayoría simple, es decir que obtendría más síes que noes, que les permitiría formar el próximo gobierno de la Generalitat.
Un gobierno que, en mi opinión, rompería con la dinámica de bloques y representaría mejor la diversidad de la sociedad catalana.
Una posibilidad que hoy, con los posicionamientos de los partidos después del 21 D, se nos antoja imposible pero la más solida como alternativa a la solución suicida de los bloques. Hay que tener en cuenta que el futuro será marcado por el calendario y la actuación judicial que va por su propio camino.

Tal vez los acontecimientos que se den, hasta el 6 de febrero en la que se iniciara la sesión de investidura del nuevo President de la Generalitat o más allá de esta fecha, propicien este entendimiento del catalanismo progresista.


Fotografía
Hemiciclo Parlament de Catalunya
web.gencat.cat